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Más del 86% de los casos de ocupación de viviendas en la ciudad corresponden a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión, así como a grandes propietarios; y únicamente el 1% de estos casos se produce en viviendas de particulares. Así lo refleja el informe que ha elaborado la Oficina por el Derecho a la Vivienda al cumplirse diez meses desde su puesta en funcionamiento, en octubre de 2021, y que permite, tal como ha manifestado la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, “desmontar las fake news que hay en torno a las situaciones de ocupación en la sociedad”.

“El informe refleja que en el 86 % de las situaciones de familias en situación de irregularidad por ocupación de vivienda, la propiedad corresponde a entidades bancarias, a fondos de inversión o a grandes propietarios. Y sólo el 1 % corresponde a propietarios particulares”, ha explicado Lozano, quien ha asegurado que “esto desmonta toda la manipulación mediática según la cual las ocupaciones están arruinando a la gente que tiene un pisito y que lo pone en alquiler”. Tal como ha explicado la concejala, “la única consecuencia de esas mentiras es generar miedo en la población y hacer que las personas tengan dudas a la hora de poner su vivienda en alquiler”. Por el contrario, la delegada de Vivienda ha manifestado que “en la grandísima mayoría de los casos, las personas que viven en las viviendas tienen la máxima voluntad de pagar y cumplir con sus obligaciones”. De hecho, el personal de la Oficina ha podido comprobar, ha continuado Isabel Lozano, que “la inmensa mayoría de las personas en situación irregular tienen una sensación de vergüenza, y lo que quieren es tener posibilidades y oportunidades para regular su situación y vivir tranquilamente”

“Por lo tanto –ha concluido- se desmantela así, con datos reales recogidos por la oficina en los miles de casos que atiende, esa contaminación mediática que hay al respecto de este tema, con determinados intereses ideológicos”. El informe desmonta la idea de que los hogares cuyas viviendas están en situación irregular (el 19,4%) viven en situación de ocupación. “Si bien estas representan una buena parte de los 185 hogares bajo esta tipología, hay otros casos destacables, como por ejemplo personas que habitan un casa familiar objeto de una herencia y con conflicto por el su uso. O gente que habita sus viviendas después de una ejecución hipotecaria”.

Las unidades que ocupan suponen alrededor del 16% del total, y la mayoría (alrededor del 80%) se alojan en viviendas propiedad de entidades jurídicas, sobre todo bancarias y fondos de inversión (el 65% de los hogares que ocupan). Del 20% restante, al menos un tercio son viviendas de grandes propietarios, y en otro tercio la ocupación es consecuencia de ser víctimas de algún tipo de fraude. “Es decir que únicamente el 1%, como máximo, de las personas que han acudido a la Oficina podrían ser ocupas de viviendas particulares, lo que, en un servicio que propicia el afloramiento de las circunstancias más desfavorables en cuestiones residenciales, es un indicador que permite entender la irrelevancia de esta problemática tan específica, pese a que suscita mucha atención mediática”, subraya el balance.

En el caso del alquiler, el informe expone que en el 32% de los casos, la propiedad es de entidades jurídicas, “que son responsables –se señala en la memoria- de una significativa parte de las no renovaciones y subidas del alquiler, mientras que los impagos afectan de una manera muy particular a las personas que habitan cases propiedad de personas físicas, el 76,7%”. Sin embargo, en el caso de los conflictos provocados por la irregularidad en la tenencia de la vivienda, la situación es la contraria: el 71.4% son propiedad de entidades jurídicas.

En total, se han registrado 310 viviendas propiedad de entidades jurídicas (33%), y 434 de particulares (46%), lo que refleja que, “si se computa el parque de vivienda total de la ciudad, el porcentaje de vivienda en manos de entidades jurídicas tiene un peso muy relevante en los casos que presentan conflictos residenciales”. Suelen ser, según los datos de la oficina, empresas, fondos de inversión y entidades de crédito con sede social muy lejana en València, “con las cuales es, muchas veces, muy complicado incluso contactar, y todavía más, negociar un acuerdo respetuoso con el derecho a la vivienda”.

Mediación en los desahucios

En sus primeros nueve meses de funcionamiento, la Oficina por el Derecho a la Vivienda ha conseguido detener un total de 187 procesos de desahucio e impulsar soluciones alternativas, como la reubicación o la mediación con la propiedad de los inmuebles. El informe de los primeros nueve meses de funcionamiento de esta oficina dependiente de la Concejalía de Vivienda, refleja el carácter mayoritariamente femenino de las situaciones de precariedad y de vulnerabilidad.

La Oficina realiza tareas de atención y asesoramiento jurídico en materia de vivienda a personas vecinas del municipio, propietarias, arrendatarias o interesadas en arrendar o comprar una vivienda, que quieran consultar los derechos, obligaciones e interpretación de los términos contractuales y que, por sus circunstancias económicas, no pueden acceder a servicios profesionales retribuidos. Entre octubre de 2021 y julio de 2022 se han señalado 277 lanzamientos a hogares usuarios de este servicio, de los que se han suspendido 187 por intervención directa de la Oficina (68% de los señalamientos) y 38 reubicaciones (14% de los señalamientos). Del resto no todos han supuesto necesariamente un desahucio efectivo, dado que en algunos casos se han reubicado sin intervención directa del servicio. Además, al menos se han efectuado 14 lanzamientos de hogares usuarios del servicio (5% de los señalamientos).

Las tareas de este servicio son variadas, pero en general se encaminan a la conservación del derecho a la vivienda de la persona usuaria y su familia, y también en busca de un nuevo hogar, en la medida que sea posible. Para ello, el equipo técnico de la Oficina analiza la situación social, jurídica y económica de la persona usuaria, realiza un primer asesoramiento y traza una estrategia consensuada para evitar la pérdida del hogar.

En el periodo analizado se han registrado 9.013 actuaciones: 187 suspensiones de desahucios por intervención directa del Servicio, 27 acuerdos de mediación con conservación de la vivienda, 38 reubicaciones, 1.160 asesoramientos presenciales individualizados, 103 asesoramientos telemáticos, 47 asesorías colectivas, 1.989 gestiones realizadas por teléfono y 1579 por correo electrónico, 910 actuaciones encaminadas a coordinarse con los Centros Municipales de Servicios Sociales, 362 solicitudes de Informe de Vulnerabilidad, 605 en coordinación y comunicación con los juzgados, y 619 solicitudes de coordinación con abogados. Además, se han comenzado 125 mediaciones y 42 negociaciones con entidades bancarias.

Durante el primer semestre de funcionamiento de la Oficina, se han registrado en el servicio 948 hogares usuarios, que se añaden a los 1.526 que ya eran usuarios en los anteriores servicios, a los que se le ha dado continuidad. Así, las unidades de convivencia registradas hasta el momento llegan a las 2.474. En estos diez meses han estado activos 1.149 hogares, que han tenido una media de 8,02 actuaciones cada uno.

Las principales causas por las cuales las familias se dirigen al servicio están relacionadas con el alquiler, el 58,5% del total (28,9% impago, 22,5% no renovación, 7,1% problemas con contrato o propietario). Por otro lado, el 19,4% sufre una situación irregular respecto a su vivienda. Por su parte, las hipotecas son la causa menos común entre las personas que acuden a la oficina (representa un 7,7% del total de las consultas).

Mayor vulnerabilidad de los hogares feminizados

Cuando un hogar llega al servicio, siempre se registra a una persona de referencia que, generalmente, suele ser una mujer y, además, los hogares con un único adulto responsable suelen estar feminizados. Tal como refleja la memoria de la oficina, de las nuevas unidades registradas en el periodo de estudio, el 68% han sido encabezadas por mujeres y el 32% por hombres.

Según las tipologías de unidad de convivencia que han acudido por primera vez al servicio en el periodo de análisis, la más habitual han sido las familias nucleares (34,9%), seguidas por unidades monomarentales (31,5%) y personas que viven solas (20,7%). También se han registrado personas que comparten casa sin conformar unidad (6,72%) y parejas sin hijos a su cargo (3,6%).

Con los datos de que se dispone, ha sido posible constatar que el 39,3% de las unidades que ha acudido a la Oficina son hogares feminizados sin presencia masculina (ningún adulto hombre responsable), mientras que solo el 12,6% son masculinizados, sin presencia femenina; por lo que el informe concluye que “la vulnerabilidad residencial incide de manera aguda en los hogares feminizados”. En cuanto a las unidades de convivencia con presencia mixta, mujer y hombre adultos corresponsables (el 46,93% del total), la tendencia es sensible: 58,92% con persona de referencia femenina y 41,08% con persona de referencia masculina.

El informe incide en la “especial diferencia” que presentan las familias monomarentales, de las cuales más del 90,57% se constituyen de madre e hijos. “Es donde se hallan las situaciones de vulnerabilidad más intensas, pues son unidades con muchas dificultades para conciliar crianzas y busca de trabajo o recursos. Encontrar trabajo, buscar casa o ser aceptado como inquilino por los seguros o las propietarias es muy complicado con hijos a cargo y sin unas condiciones económicas o reproductivas que puedan aligerar estas cargas”, señala la memoria.

De hecho, si en el análisis se introduce la variable de ingresos, se observa que son también las unidades monomarentales las que más riesgo de pobreza presentan: el 62,63% de estas unidades están por bajo de los 701 euros mensuales; el 31,31%, entre 701 y 1.100 euros; y la mayor parte se sitúa en una horquilla entre 650 y 1.100 euros al mes (perciben rentas sociales como la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital).

El informe elaborado por la Oficina señala que estas rentas sociales, “si bien son suficientes para poder hacer frente al pago de alquileres asequibles (aunque asumiendo más del 35% de gasto en relación a sus ingresos) no lo son para facilitar la movilidad residencial ni los elevados precios de alquiler del mercado de vivienda de la ciudad. Así, son estas familias las principales víctimas de las subidas de alquiler no reguladas, de los altos precios actuales y de la disposición libre de los inmuebles por parte de las personas y entidades propietarias”.

En cambio, más del 78% de las llamadas familias nucleares ingresan más de 700 euros mensuales; y el 18,63% de ellas, más de 1.100 euros. “Si bien se trata de ingresos muy bajos en todos los casos, podemos ver que a los hogares donde solo hay una persona adulta responsable, las complicaciones se agravan”, subraya la memoria.

Finalmente, la memoria se centra también en la procedencia de las personas registradas como responsables del hogar, de las que un 48,66% son migradas, y el 38,7% no tienen nacionalidad española, lo que dificulta, en buena medida, sus posibilidades de acceso a una vivienda. De hecho, la pobreza más extrema se concentra entre la población migrada y, de manera especial, sobre quienes no tienen nacionalidad. De las familias con rentas más bajas (entre 0 y 400 euros) el 59,1% son hogares con la persona responsable migrada; y el 50,2% no tienen la nacionalidad española.

Distribución geográfica de los nuevos hogares usuarios

Finalmente, la distribución de los nuevos hogares usuarios se concentra, según los códigos postales de las direcciones afectadas de desahucio, en La Torre, Cruz Cubierta y Jesús (92 personas usuarias afectadas (CP 46017); Orriols y Torrefiel (87 personas usuarias (CP 46019); L’Olivereta, Tres Forques y Patraix (83 personas usuarias (CP 46018); La Saïdia y Campanar (69 personas usuarias (CP 46009); El Grao, Cabanyal y Malvarrossa (64 personas usuarias (CP 46011); y Beteró, Aiora y Algirós (62 personas usuarias (CP 46022).