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La Junta de Gobierno prorroga el contrato con Alanna para el apoyo integral a familias del censo de vivienda precaria

• El Programa Marco de Inserción Social y Laboral tiene como finalidad la intervención con personas o familias en situación de exclusión o riesgo de exclusión social

05/04/2024

  • Esta tercera prórroga finalizará en junio de 2025 y dispondrá de una dotación económica de 332.160,00 euros
  • Se contempla también a familias en situación de vulnerabilidad

La Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado la tercera prórroga del contrato para los servicios de apoyo integral con familias integrantes del censo de vivienda precaria y aquellas otras que presentan situación de vulnerabilidad; la gestión y actualización del censo dentro del Programa Marco de Inserción Social y Laboral; y las gestiones relacionadas con situaciones de empadronamiento especial.

Este contrato se adjudicó, por primera vez, en marzo de 2020 a la asociación Alanna con vigencia hasta 2022 y con la posibilidad de prórrogas anuales. La actual prórroga, la tercera, es para el periodo del 5 de junio de 2024 al 4 de junio de 2025 y dispondrá de un importe total de 332.160 euros sin IVA, ya que la adjudicación está exenta del mismo.

El Programa Marco de Inserción Social y Laboral, puesto en marcha en 2008, tiene como finalidad la intervención con personas o familias en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, que por sus carencias, no tienen la oportunidad de acceder a los sistemas de normalización social establecidos. Este programa contempla intervenciones para la inserción social, la inserción laboral y en materia de vivienda. 

Según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, los datos del último censo de vivienda precaria correspondiente a 2023, contempla a 1.149 personas inscritas, es decir, un total de 472 familias. Así, el centro municipal de Servicios Sociales con mayor número de personas censadas es Quatre Carreres, con 321 personas, seguido por Cabanyal, con 263 personas, y San Marcelino, con 163 personas. Asimismo, se localizan un total de 37 asentamientos en la ciudad.

Torrado ha destacado el compromiso del Ayuntamiento “con la ciudadanía más vulnerable y el trabajo que se está realizando para mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades de acceso y adaptación a una vivienda normalizada”.

Dos bloques de actuación interrelacionados

El contrato para los servicios de apoyo integral desarrolla dos ámbitos de actuación interrelacionados. La primera etapa de lucha contra la exclusión consiste en la actuación sobre el núcleo poblacional incluido en el censo de viviendas precarias de València, la actualización del mismo, y la atención y el acompañamiento en el ámbito social, educativo, sanitario, de integración comunitaria y de cualquier otra índole que se estime necesario, y que se complementa con la adecuada asistencia en materia laboral a través de la orientación e inserción en el mercado ordinario de trabajo.

Por otro lado, la gestión de situaciones de empadronamiento especial resulta una herramienta fundamental para la inclusión social y, desde esta perspectiva, se pretende evitar que la falta de disponibilidad de vivienda se convierta en factor de exclusión o sea motivo de denegación de servicios y recursos esenciales para la inclusión.

Equipo de Atención Integral

El trabajo se desarrolla a través de proyectos individualizados para cada familia y, para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinar, denominado Equipo de Atención Integral (EAI), que está compuesto por 12 especialistas en áreas como psicología, trabajo social, educación social. integración social y administración. Los ámbitos de intervención son normalización documental, salud, educación, convivencia, laboral y gestión del espacio-vivienda.

El objetivo del EAI es la incorporación de las familias del censo de vivienda precaria a viviendas normalizadas. La intervención con estas familias finaliza cuando se han conseguido los objetivos establecidos en el proyecto diseñado con cada una de ellas y que tratan de facilitar la adaptación al nuevo hábitat, con los cambios que conlleva de centro de salud y centro educativo, domiciliaciones bancarias, adaptación a la nueva vivienda, etc.

Serán objeto de intervención anual un máximo de 80 familias, entre familias del censo de vivienda precaria y familias de nuevos realojos. A estas se añadirán las personas o familias que necesiten apoyo y acompañamiento en la gestión de las tramitaciones puntuales relacionadas con el acceso a la vivienda. Respecto al empadronamiento en casos especiales se prevé gestionar unos 150 expedientes por año.

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Marta Torrado